El 21 de agosto en Olinalá, Guerrero, fueron aprehendidos varios elementos de la Policía Comunitaria de la Casa de Justicia de El Paraíso, entre ellos, su coordinadora Nestora Salgado García. De acuerdo con Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el desarme y detención de miembros de las policías comunitarias en la entidad obedece a una estrategia de contención social y contrainsurgencia.
La coordinadora de la policía de Olinalá es procesada por el delito de secuestro en agravio de por lo menos seis personas. La acusación es resultado de la detención del síndico del ayuntamiento, Armando Patrón Jiménez, debido a que la policía comunitaria lo encontró borrando evidencia del asesinato de dos ganaderos y porque se negó a participar en la búsqueda de una persona desaparecida; “esto obviamente generó mucho malestar en las autoridades, hizo que cerraran filas y que se planeara el desmantelamiento de estos grupos”, señaló el antropólogo Abel Barrera.
San Luis Acatlán, Ayutla de los Libres, Olinalá y Tixtla; son las comunidades en las que, desde hace algunos meses, se ha generado un clima de gran tensión debido al ingreso del Ejército y La Marina para organizar el desarme y detención de miembros de la policía comunitaria y de los grupos de autodefensa.
De acuerdo con el director del Tlachinollan, este clima de persecución contra las policías comunitarias en Guerrero y la militariazación del estado, es parte de una estrategia gubernamental: “para nosotros es una señal muy clara de que es una estrategia de contención social y también de contrainsurgencia, una estrategia de guerra preventiva. Están haciendo la guerra contra los pueblos que se organizan, están desmantelando las propias formas de organización comunitaria como las policías y ahí es donde vemos que el Ejército no está actuando donde están controlados los territorios por las bandas del crimen organizado. Hay ausencias, hay vacíos, hay complicidades.”
De acuerdo con datos del Consejo nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Guerrero es el segundo estado más pobre a nivel nacional, el 69.7% de su población está en esa condición. En la región de la Montaña, se encuentran los dos municipios más pobres del país: Cochoapa y Metlatónoc, ambos beneficiaros de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, un programa gubernamental que el director del Centro de Derechos Humanos calificó como “una guerra contra los pobres”, una manera de “disolver la organización de los pueblos y someterlos a la aplicación de ciertas políticas”.
“Qué tipo de modelo de gobierno se está implantando en las comunidades indígenas, o sea, qué tipo de combate contra el hambre, es una guerra contra los pobres, una incursión militar en las comunidades, en el corazón de la vida comunitaria…es una manera de hacer la guerra, ese tipo de guerra de baja intensidad utilizando ese tipo de programas asistencialistas para someter a la población.”
Otro fenómeno constante en la entidad es el del desplazamiento producido por los conflictos entre bandas del crimen organizado por el control territorial. El semanario Proceso ha documentado que tan solo a partir de julio de este año a la fecha, 2 mil personas han abandonado sus hogares en cuatro municipios: San Miguel Totolapan, General Heliodoro Castillo, Apaxtla de Castrejón y Cuetzala del Progreso.
“La delincuencia organizada no solamente controla territorios y controla las instituciones y somete a las policías e impone la ley del fuego sino que también obliga a que las poblaciones tengan que trabajar para la delincuencia a través de la cuotas, a través de su adhesión. Tienen que estar, ya no puede haber esa neutralidad, eso implica tomar posición a favor de un grupo y si eso no se da, o la muerte o el exilio.”
Respecto a la minería en la zona, el director del Tlachinollan mencionó que las empresas también tienen que sujetarse al control que la delincuencia organizada ejerce. Estos grupos, de acuerdo con el defensor de derechos humanos, dan su aprobación a todo proyecto que genere beneficios para ellos, las relaciones entre empresas mineras, delincuencia organizada y gobierno son, por tanto, en algunos de los casos conflictivas: “el negocio, es el negocio”, resaltó el antropólogo.
Los mecanismos de contención social en Guerrero se intensifican, ya sea a través de los operativos militares o de la introducción de programas como la Cruzada Nacional Contra el Hambre. Además de la detención de Nestora Salgado, cuyo proceso, por cierto, ha estado plagado de irregularidades; el pasado 27 de agosto, Gonzalo Molina González, promotor de la CRAC en Tixtla, denunció la desaparición de 70 de sus compañeros cuando demandaban la liberación de los miembros de la policía de Olinalá. El gobierno de Guerrero va contra las policías comunitarias, formas de organización tradicionales que han dado una respuesta a la urgencia por seguridad ante el control de la delincuencia organizada y la complicidad gubernamental.
Adriana Aguilar
No hay comentarios:
Publicar un comentario