De acuerdo con la investigadora, dos de los aspectos que más se resaltan en esta iniciativa es la ciudadanización y manejo comunitario del agua. Respecto a la ley que se encuentra vigente, elaborada en el contexto del Tratado de Libre Comercio, resaltó que no responde a necesidades de la población, sino a intereses de las empresas que invierten en los grandes proyectos.
La actual Ley de Aguas Nacionales
Uno de los aspectos más importantes que se pretenden cambiar de la ley vigente es la definición de quiénes y con qué criterios administran el recurso hídrico.
El agua que cae del cielo
De acuerdo con el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico 2011-2025, hay 41 proyectos de hidroeléctricas que se piensan desarrollar en 18 estados del país. Elena Burns refirió que estos proyectos en realidad no son necesarios y obedecen al cumplimiento de compromisos con las empresas inversoras, pues para brindar un servicio sustentable existen alternativas como la microgeneración de energía.
Las alternativas a los megaproyectos
Uno de los conglomerados de empresas que controlan la mayoría de las plantas de tratamiento en nuestro país es Grupo Carso, que opera gran variedad de empresas en el ramo comercial, industria y de consumo.
Grupo Carso
Dos de los objetivos principales planteados en la propuesta de Ley General de Aguas son:
1.- Realizar los cambios institucionales necesarios para incorporar los criterios de cantidad, calidad, accesibilidad, asequibilidad del agua y saneamiento, y la participación ciudadana en la toma de decisiones, así como para lograr la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión del agua.
2.- Reconocer y fortalecer la gestión comunitaria del territorio y sus aguas.
La Investigadora del Centro para la Sustentabilidad de la UAM, mencionó que actualmente existe un esquema de administración del agua descentralizado que promueve la privatización del recurso y los sistemas caciquiles.
Descentralización y ciudadanización en la administración del agua
La ciudadanización de la gestión del agua y la creación de una contraloría, son otras de las alternativas planteadas en la ley. Elena Burns concluyó que para hacer del derecho humano al agua una realidad, se requiere de un gran trabajo por parte de la ciudadanía.
La ciudadanización
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Adriana Aguilar
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